Un perito judicial inmobiliario es un profesional experto en la valoración de bienes inmuebles, fundamental para algunas situaciones que pueden darse en el alquiler y en las compraventas, por ejemplo. Te contamos en qué consiste este trabajo y cuáles son sus funciones.
Un perito judicial inmobiliario es un experto en la valoración de bienes inmuebles designado por un juez para elaborar un informe sobre el valor de una propiedad en algún tipo de proceso judicial. Aplica sus conocimientos sobre mercado inmobiliario para determinar de forma objetiva el valor de una propiedad y presentar un informe detallado tanto al juez como a las partes involucradas en el caso.
Se requiere la intervención de un perito judicial inmobiliario en diversos contextos, por ejemplo, divorcios, disputas, herencias y embargos, entre otros, en los que se necesita determinar el valor de un inmueble. El perito elabora un informe técnico de la propiedad y se la presenta al juez, a quien le servirá para tomar determinadas decisiones en un procedimiento legal.
El objetivo primordial del perito judicial inmobiliario es ofrecer una valoración profesional del valor de una propiedad en el marco de un proceso judicial. Para ello, tiene que realizar una tasación del inmueble, considerando cuestiones como:
Esta valoración debe ser precisa y respaldada por criterios técnicos y experiencia en el sector.
También redactará un informe pericial, que servirá como referencia en el juicio, y que incluye:
En algunos casos, el juez puede requerir al perito para comparecer en el juicio y presentar su informe bajo juramento, explicando su contenido y aclarando las dudas que puedan surgir. Sin embargo, esta intervención no es común y depende de las circunstancias del proceso.
Cualquier persona que posea una titulación oficial que acredite conocimientos en el ámbito del peritaje o experiencia en el sector inmobiliario puede convertirse en perito judicial inmobiliario. Por ejemplo, es frecuente que sean arquitectos, ingenieros, aparejadores y agentes inmobiliarios.
Además, aquellos con formación en derecho o economía también pueden ejercer como peritos tras completar un curso especializado en peritaje judicial inmobiliario.
Como requisitos, es obligatorio estar registrado en un colegio profesional para que los datos del perito sean válidos en los registros públicos. Además, en ciertos casos, quienes no poseen una titulación oficial pueden demostrar sus aptitudes mediante la realización de pruebas específicas.
Los peritos judiciales inmobiliarios no cuentan con un salario fijo, ya que su salario y remuneración depende de cada caso en el que intervienen. Sus honorarios varían en función de factores como la complejidad del trabajo, el tiempo y el esfuerzo necesarios para realizar la tasación, así como la experiencia y reputación del profesional.
Generalmente, los honorarios pueden oscilar desde cientos hasta miles de euros, dependiendo de las circunstancias específicas de cada encargo. Según datos del Ministerio de Justicia, el salario medio de un perito en España se sitúa en torno a los 2.000 euros brutos mensuales, aunque esto puede variar significativamente.
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